Cambiar de opinión está mal visto. Sin embargo, escuchar los argumentos de los otros, reflexionar sobre ellos y, si resultan convincentes, modificar nuestras posiciones iniciales es una muestra de inteligencia y madurez. Aquellos que mantienen una opinión inamovible, inquebrantable, impermeable a los argumentos suelen ser rehenes de su ignorancia y su intransigencia.
En estos días en que el futuro de las mutualidades de funcionarios de la Administración civil (MUFACE), militar (ISFAS) y judicial (MUGEJU) es incierto, me encuentro con artículos, entradas, hilos, etc. defendiendo el fin de los privilegios de los funcionarios y me parece que sería bueno aportar algo de información a este tema por si alguien cambia de opinión al conocer algunos datos.
Hasta 1975, los funcionarios carecían de asistencia sanitaria, o bien esa asistencia era prestada por diferentes mutualidades mantenidas por los propios funcionarios. En un intento de corregir esa desigualdad, se creó MUFACE y el resto de mutualidades. En aquellos días, la sanidad pública estaba tan colapsada como ahora, si no más. Como ejemplo, yo mismo me tuve que someter a una intervención quirúrgica en 1977. En aquellos días yo era un estudiante que dependía de la Seguridad Social de mi padre, único empleado de la familia. La operación se programó para dos años más tarde. Sin embargo, a través del Seguro Escolar, pude acudir a un médico privado que me operó a los pocos días de asistir a su consulta.
Desde su creación, no ha habido un solo momento en que la sanidad pública no haya estado saturada. Al Estado le resultaba más barato mantener el concierto con entidades privadas que integrar a los funcionarios en el sistema público, a los funcionarios, por la inmediatez del servicio, solía convenirnos ese concierto y al resto de los ciudadanos tampoco les venía mal esa separación de prestaciones para no ver incrementadas, un poco más, las listas de espera.
Pero no se trata de ningún privilegio. Es solo la corrección de una desigualdad que se resolvió con un parche que, en ningún momento, y tampoco ahora, ha resultado conveniente eliminar.
En todo caso, es una ventaja asociada al hecho de ser funcionario. Una ventaja no muy diferente a la que disfrutan empleados de centros comerciales que pueden hacer compras en esos centros con ventajosos descuentos, o los de líneas aéreas o de transporte terrestre que disfrutan de viajes gratuitos en dichos medios. A un buen amigo, la empresa le paga el suministro eléctrico, las líneas telefónicas y de internet de su domicilio y el combustible que gasta el coche que también le compra la empresa. Por supuesto, hay empleos que no tienen ninguna ventaja, pero el número de los que sí las tienen es bastante grande. Y siempre que alguien me ha referido las que tiene su trabajo, me he alegrado por esa persona, no he sentido envidia ni he deseado que las pierda.
Ser funcionario tiene muchas ventajas. Recordemos algunas.
Los pensionistas de la Seguridad Social con rentas superiores a 18 000 € pagan por las prescripciones de medicamentos un 10 % con un límite máximo de 18,52 € al mes. Superado ese límite, los medicamentos son gratuitos. Los pensionistas de clases pasivas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) pagamos el 30 % sin límite alguno. Es decir, si el gasto mensual de nuestros medicamentos supera los 18,52 €, seguiremos abonando el 30 %.
El sueldo de los funcionarios se vio reducido un 5 % de media en 2010 y fue congelado en 1994, 1997, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Desde 2010, los precios han subido un promedio de un 26,42 %, mientras que los salarios de los funcionarios han subido un 15,3 %, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 11,12 %. La pérdida media de poder adquisitivo del resto de los trabajadores en el periodo que va de 2007 hasta 2023 has sido de un 1,2 %. Es decir, casi diez veces menor que la de un funcionario.
Para alcanzar la condición de funcionario es necesario pasar por un complejo proceso selectivo, para cuya preparación son necesarios, frecuentemente, años de estudio. Y si el trabajo de un funcionario es estable, es porque el puesto que ocupa también lo es. La demanda de un determinado producto puede caer, haciendo peligrar el empleo de los trabajadores que fabrican, distribuyen o venden ese producto. La demanda del servicio prestado por el funcionario nunca disminuye. Cada vez son necesarios más médicos, más profesores, más policías, más jueces…
En definitiva, el concierto de la sanidad con aseguradoras privadas para los funcionarios no es un privilegio. Es consecuencia de la saturación de los servicios públicos. Lo que cualquier funcionario desearía es que la sanidad pública tuviera muchos más recursos para poder atender adecuadamente a toda la población; incluidos los funcionarios, pero mientras no sea así, aprovecha las ventajas de su profesión como lo hace cualquier otro empleado. Ventajas, que en su caso, no está claro que compensen las desventajas.
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